Programa de Derechos Humanos - Gobierno de Chile

Mensaje Presidencial Propuesta DDHH

MENSAJE AL PAÍS AL DAR A CONOCER PROPUESTA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS "NO HAY MAÑANA SIN AYER" 

Chilenas, chilenos, compatriotas todos:

Hoy damos un paso más. Un paso más en este largo proceso por el cual el Estado de Chile responde, al menos en parte, al dolor de quienes fueron objeto de graves violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente.

Hace algunas horas he entregado una propuesta sobre derechos humanos a los otros poderes del Estado, al presidente del Senado, a la presidenta de la Cámara de Diputados y al presidente de la Corte Suprema. Esta propuesta queda ahora a disposición de todos los chilenos.

Estoy consciente que estas propuestas no constituyen una solución definitiva a los quebrantos y al sufrimiento ocasionado por dichas violaciones.

Muchos han creído que para superar los traumas del pasado bastaba con dar vuelta la página o con echar tierra sobre la memoria. Una sociedad no se hace más humana negando el dolor, el dolor de su historia. Al contrario, con ello sólo se denigra y envilece.

Es deber de todos los chilenos, y mi deber como Jefe de Estado, impulsar medidas que contribuyan a entregar a las nuevas generaciones una Nación cuya alma esté unida y en paz, cuya conciencia moral haya dado los pasos necesarios en verdad, justicia y reparación.

Una fractura social, política y moral de la magnitud que los chilenos vivimos, no se cierra en un acto y en un momento determinado. No es posible extirpar el dolor que vive en la memoria por medio de un conjunto de medidas, por muchas, bien intencionadas y audaces que éstas sean.

Necesitamos avanzar más aceleradamente en el cierre de nuestras heridas, por los caminos que con sensatez y perseverancia hemos seguido: el de los Tribunales de Justicia y del imperio de la ley, sin excepciones.

El quiebre de nuestra democracia se produjo en medio de tormentas crecientes que el país y sus líderes no fuimos capaces de controlar.

Por ello es necesario que quienes vivimos ese quiebre y teníamos responsabilidades en las distintas áreas de la vida nacional, no dejemos nunca de pensar y reconocer, con humildad y realismo, cuáles fueron los errores individuales y colectivos que nos llevaron a un momento tan terrible en nuestra historia patria. Tal vez, el momento más terrible.

Entender el contexto y las causas del quiebre civil de ese entonces no significa, en modo alguno, justificar lo que posteriormente sucedió.

Se violaron los derechos humanos: se asesinó, se torturó, se detuvo, se hizo desaparecer a personas. Sus familiares, y todo Chile, tienen el derecho y la necesidad de saber la verdad acerca de qué ocurrió con esas personas.

Como decía hace un tiempo Monseñor Errázuriz, refiriéndose a las violaciones de derechos humanos: “Muchos chilenos las negaban: por ignorancia o por complicidad. Actualmente, nadie puede negarlas. Así se ganó una base segura para rechazar los hechos e impedir que se vuelvan a repetir”. Hasta ahí el Cardenal.

El largo camino emprendido para conocer esa verdad comienza con los familiares que buscaban a sus seres queridos. Casi treinta años de búsqueda incansable, alimentada por el derecho a la verdad, y que es un ejemplo de dignidad para todos los chilenos.

El paso más importante en este proceso fue haber recuperado la democracia. Sin la democracia reconquistada, que fuimos capaces de establecer, nada de lo que hasta ahora hemos avanzado hubiera sido posible.

Desde entonces, tres han sido los pilares sobre los cuales hemos ido edificando nuestra política sobre derechos humanos: Verdad, Justicia, Reparación. Tres pilares que son también tres valores a los que no estamos dispuestos a renunciar.

Respecto del establecimiento de la Verdad y la acción de la Justicia, todas las instituciones de la República no pueden sino atenerse al único camino que es propio de una democracia: el del ejercicio autónomo de la función jurisdiccional por parte de los Tribunales y el de la aplicación de la legislación vigente.

Hitos muy importantes marcan este camino.

El primero, es el paso que dimos con la Comisión Verdad y Reconciliación, creada por el Presidente Aylwin y que presidió Raúl Rettig. Chile entero conoció, entonces, los trazos principales de una verdad que había sido sistemáticamente negada. Millones de chilenos se enteraron que los detenidos desaparecidos constituían una realidad que todo Chile debe mirar de frente.

Después, la Mesa de Diálogo, instalada por el gobierno del Presidente Frei, en la cual las Fuerzas Armadas se incorporaron, junto a otras fuerzas morales, aceptando la responsabilidad de sumarse a la búsqueda de la verdad sobre el destino de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados.

Si bien, como sabemos, los resultados no han sido todo lo que hubiéremos deseado, ello genera un salto inmenso en la recomposición del alma nacional, abrió un nuevo clima de cooperación, una nueva esperanza en la búsqueda de la verdad y de la justicia y dió paso a una nueva relación entre el país en su conjunto y sus Fuerzas Armadas.

Debo decirlo, las instituciones armadas han cooperado con la justicia, pero muchas personas que poseen información todavía permanecen sumidas en un silencio cruel y pertinaz.

A partir del Informe de Verdad y Reconciliación se elaboraron medidas de reparación a las víctimas, que incluyen beneficios en pensiones, educación, atención en salud, beneficios para quienes sufrieron el exilio y también a quienes sufrieron la exoneración de sus trabajos por el sólo hecho de pensar distinto.

Quisiera dar dos cifras solamente, que reflejan la magnitud del esfuerzo realizado hasta la fecha. Hoy se han gastado más de 86 mil millones de pesos ($M 86.238.149.633) en pensiones de reparación. Respecto a los exonerados, sólo en los últimos tres años, en lo que corresponde a mi Gobierno, se han gastado más de 251 mil millones de pesos ($M 251.697.106.296).

La propuesta que he entregado al país recoge la opinión de las iglesias, recoge la opinión de instituciones laicas, sociales y políticas, de la coalición de Gobierno, cuyo signo de identidad fundacional ha sido la defensa de los derechos del hombre, y también de la oposición, que hoy se suma a esta tarea, lo que como Jefe de Estado no puedo sino considerar un logro para el país. Me alegro mucho por esta última decisión.

Después de escuchar a tantas personas y grupos, me asiste la convicción más profunda que los objetivos de Verdad y de Justicia son moralmente irrenunciables.

Sin duda, los pasos dados por el Ejército y el conjunto de las Fuerzas Armadas -y que hoy todo el país les reconoce- contribuyen fuertemente al clima que permite plantearnos unidos como país nuevas metas.

El camino de la Verdad y la Justicia, por el cual Chile ha transitado y seguirá transitando, es susceptible de encontrar un mayor perfeccionamiento en sus instrumentos y en sus mecanismos.

Por ello, la propuesta contiene un conjunto de medidas que permiten conocer más verdad, agilizar los procesos judiciales, para que no se eternicen. Proponemos medidas que incentiven la entrega de información fidedigna.

Proponemos también diferenciar la responsabilidad de quienes actuaron bajo el temor a represalias que amenazaban a sus vidas, o en estado de ignorancia insuperable que anulaba prácticamente su capacidad de decisión, de aquellos otros que organizaron, planificaron la represión, dieron las órdenes, dirigieron la ejecución de los crímenes o los ejecutaron directamente, con pleno discernimiento.

Junto a lo anterior, proponemos también un conjunto de medidas que den más rapidez en la Justicia, dando prioridad en la vista de los casos sobre violaciones a los derechos humanos, como asimismo medidas que perfeccionen la cooperación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, proponemos medidas que mejoren y perfeccionen la reparación a las víctimas y sus familiares. Aumentaremos en un 50% el valor de las pensiones vigentes, indemnizando a los hijos que -siendo beneficiarios- por diversas razones no han podido acceder a los beneficios estipulados en las leyes de reparación, y también, mejoraremos las normas que permiten el acceso a la asistencia a las víctimas y familiares de las víctimas de la represión y la violencia política, incluyendo en ello, por cierto, a miembros y familiares de las instituciones Armadas.

Mucho ha sido el sufrimiento de las víctimas, de quienes estuvieron presos, estuvieron detenidos, muchos de ellos fueron también torturados. Ellos merecen, de parte de todos los chilenos, independientemente de las ideas que cada uno profese, el mayor respeto por las terribles experiencias que ellos vivieron.

Su dolor, bien lo sabemos, no puede ser reparado sino en parte muy pequeña. Con el fin de otorgar esa mínima reparación, he decidido que se creará una Comisión responsable de establecer rigurosamente quiénes pueden ser beneficiarios de una indemnización austera y simbólica, que simbolice el perdón que Chile les pide por lo que en un momento se hizo en sus cuerpos.

A todos ellos, Chile debe honrarlos en toda su dignidad.

Es en nombre de todos los chilenos que les hago llegar mi reconocimiento y mi respeto.

Queremos que esto jamás ocurra nuevamente. Vamos a realizar los esfuerzos para que se promueva el respeto de los derechos humanos en Chile y se disipe el peligro de una nueva catástrofe democrática en nuestra Patria.

Para ello, entre otras medidas, crearemos el Instituto Nacional de Derechos Humanos y de Libertades Públicas, cuyo cometido será velar por el fomento, protección, ejercicio y fiscalización del respeto de los Derechos del hombre en Chile.

Fomentaremos el desarrollo de la educación y la formación de nuestros niños y jóvenes en materia de derechos humanos y libertades públicas.

Impulsaremos, asimismo, la ratificación de tratados y convenios internacionales que obliguen a Chile ante el mundo, en este tipo de materia. Para ello, propondremos la reforma constitucional que autorice al Estado de Chile a ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional y del Tribunal respectivo y propondremos la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, adoptada por la Organización de Estados Americanos.

Asimismo, proponemos reformar el Código de Justicia Militar para precisar la competencia de los Tribunales Militares en relación, tanto al tipo de delitos que deban conocer, como a las personas que puedan ser juzgadas bajo la jurisdicción militar.

La puesta en práctica de las propuestas que he hecho, es responsabilidad de muchas instancias; unas del Ejecutivo, otras del Poder Legislativo, otras del Poder Judicial. Aquellas que competen al Gobierno serán llevadas a cabo sin dilación. Pero como Presidente de la República, mi responsabilidad atañe al conjunto del proceso, a impulsar su avance dándole prioridad en el tiempo, entendiéndolas como parte de una continuidad, pero trabajando por su concreción pronta y eficaz.

La colaboración del Poder Judicial en estos años ha sido inmensa. La seguirá siendo para poder concluir pronto con los procesos.

Repito hoy lo que afirmé cuando asumí el Gobierno. Dije: “No se humilla quien busca el entendimiento para hacer más fuerte a Chile. Trabajaremos para producir las convergencias y las haremos realidad”.

Ello hará posible un Chile con un mañana compartido para nuestros hijos. Un mañana construido, no sobre la base engañosa y frágil del olvido, sino sobre la base sólida de nuestra memoria histórica.

Porque, compatriotas míos, no hay mañana sin ayer.

Gracias.



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