Área Jurídica / Misión
Investigaciones Judiciales
Las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 justificaron la presentación de una serie de acciones judiciales, tendientes a esclarecer los hechos constitutivos de estos crímenes.
Las denuncias de los familiares de víctimas, permitieron el registro de los hechos para, con el tiempo, acceder a la Justicia, promoviendo acciones destinadas a esclarecer los crímenes cometidos y buscar una sanción penal para los responsables. En esta tarea participaron diversas organizaciones sociales, políticas y Organizaciones No Gubernamentales, destinadas a defender y promover los Derechos Humanos y, al mismo tiempo buscar Verdad y Justicia respecto de las violaciones de Derechos Humanos cometidas en nuestro país.
Con la recuperación de la democracia, el trabajo de los gobiernos, la labor de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR), de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), la actividad de la sociedad civil organizada y los resultados de la Mesa de Diálogo, se ha logrado instalar en Chile la conciencia sobre el legítimo derecho de los familiares y de la Sociedad Chilena en general, a obtener Verdad y Justicia.
En enero de 2001, se dispuso un reforzamiento de las instancias judiciales e institucionales sobre esta materia, designándose jueces con dedicación exclusiva, reabriéndose numerosas causas judiciales y acumulándose aquellas relacionadas.
Pese a las dificultades con las que se han tramitado las causas vinculadas a graves violaciones de los Derechos Humanos, existe un avance en el establecimiento de los hechos que afectaron a cada una de las víctimas y en la reconstrucción histórica de estos en las distintas regiones del país. De este modo, se ha podido acreditar judicialmente, en algunos de los casos investigados, los hechos y las circunstancias de detención o ejecución de las víctimas, en su caso, los lugares o recintos a los cuales fueron llevadas y los grupos de represión operativos, con la determinación de sus integrantes.
En ese contexto, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública tiene como misión principal la promoción de acciones judiciales que permitan determinar el paradero y las circunstancias de desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas. Con la publicación de la Ley Nº 20.405, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que además establece la continuidad del Programa de Derechos Humanos, establece en su artículo 10º transitorio, la facultad para presentar querellas respecto de los delitos de homicidio o de ejecución sumaria, y de secuestro o desaparición forzada.
En los casos en los que el Programa no puede hacerse parte, éste presta apoyo directo al Tribunal, tanto profesional como material, a través del financiamiento de los traslados de los testigos y el apoyo económico o material para la ejecución de las diligencias decretadas por los ministros y jueces encargados de las causas.
Al mismo tiempo, el Programa presta atención legal a los familiares de las víctimas en situaciones civiles derivadas de la ausencia o desaparición.